UPOV y contaminación transgénica privatizarán las semillas campesinas

* Ecologistas lanzan maíz transgénico en Asamblea Legislativa para
denunciar la presencia de este tipo de granos en el país

Como una forma de llamar la atención de la ciudadanía sobre los peligros
que implica el aprobar la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales
(UPOV-1991), decenas de ambientalistas costarricenses lanzaron hoy
martes maíz transgénico en las afueras de la Asamblea Legislativa para
pedir a los diputados no votar ese proyecto de ley, el cual es un
requisito del TLC pero pone en peligro el conocimiento criollo de los
campesinos e indígenas costarricenses.

La contaminación transgénica sobre las variedades de semillas nativas no
es un hecho casual. Es precisamente una estrategia corporativa para que
miles de agricultores que hoy guardan sus propias semillas empiecen a
depender de las variedades monopolizadas con obtenciones vegetales y
patentes del sector agroindustrial.

Es importante recordar que una semilla transgénica es aquella que fue
manipulada genéticamente en un laboratorio y que jamás hubiese podido
surgir de forma natural.

Estas semillas gozan de propiedad intelectual por parte de los
laboratorios que las desarrollan, por lo cual si un campesino quiere
usarlas deberá pagarle a la empresa “dueña” de esas semillas una
cantidad de dinero para poder utilizarlas en sus tierras.

La convergencia en el campo entre las leyes de obtenciones vegetales y
las nuevas biotecnologías en semillas (semillas transgénicas,
farmagénicas entre otras) plantean un escenario muy lamentable sobre los
derechos más elementales de los agricultores.

Fabián Pacheco, presidente de la Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (FECON), aseguró que “la contaminación
transgénica es una realidad confirmada. La semilla campesina al ser
polinizada con construcciones transgénicas privatizadas se convertirá en
material corporativo, es decir, que tendrá un precio que deberá pagar el
campesino”.

Este cruce convierte a nuestras variedades locales en material protegido
bajo propiedad intelectual y patentes y, de esta forma, nuestras
semillas criollas pasan a ser ilegales.

El polen y las semillas viajan con el viento, personas, insectos y
animales. La contaminación transgénica es inevitable y esto sumado a la
mercantilización de la diversidad agrícola por medio de leyes de
semillas es el instrumento perfecto para la destrucción de las formas
más tradicionales de agricultura.

De agricultores a delincuentes

La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, Expediente Legislativo Nº
16.327 (Convenio UPOV) establecería medidas cautelares (que se aplican
sin una sentencia previa) contra los agricultores que usen semillas que
son “propiedad intelectual” de una empresa transnacional sin haber
pagado los derechos.

Estas medidas van desde la suspensión de la siembra, embargo de semillas
o frutos, suspensión de exportaciones e importaciones y el pago de una
fianza de garantía sin haber demostrado la culpabilidad de un agricultor.

Según Pacheco, “l a única forma que tendrán los agricultores de resolver
sus problemas de responsabilidad penal será destruir sus propias
semillas; porque no hay manera de que los agricultores puedan distinguir
entre semillas contaminadas y no contaminadas” concluyó.

El movimiento popular ecologista constituido como BLOQUE VERDE realiza
con esta acción “un vehemente llamado a la Asamblea Legislativa a
proteger a nuestros agricultores y semillas. Exigimos la no ratificación
del convenio UPOV- 1991” una de las 13 leyes de la agenda de
implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

“ Las semillas no son mercancía, son patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad”

Mas información y fotografías: Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (FECON) al 283 6046, info@feconcr.org

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