Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca
Bogotá, 8 de febrero de 2006

El Presidente Alvaro Uribe pidió al Presidente boliviano Evo Morales que vote a favor de la reformulación de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a cambio de que Colombia garantice mercados para las oleaginosas bolivianas en las negociaciones del TLC con Estados Unidos.

El gobierno de Uribe está ansioso de firmar un TLC con Estados Unidos, aún tomando como base de negociación los textos del TLC firmado entre Perú y Estados Unidos referidos a patentes y protección de datos de prueba.
En noviembre del año pasado, Uribe instruyó a sus funcionarios considerar como “techo” de la negociación el texto del Decreto 2085 de 2002, el cual reglamenta la forma de proteger los datos de prueba suministrados al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (INVIMA) para obtener permiso de comercialización de medicamentos y agroquímicos.

Sin embargo, el Tribunal Andino de Justicia concluyó que dicho Decreto viola el ordenamiento jurídico de la comunidad porque fija plazos “de exclusividad” para la información suministrada para obtener registro sanitario de nuevas entidades químicas, una forma de protección que no se encuentra contemplada en el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). De ahí que el TAJ conminó al gobierno colombiano a reconsiderar su decisión.

En un intento de cubrirse las espaldas y de evitar sanciones futuras de la TAJ por las seguras violaciones de la normatividad en las negociaciones del TLC con Estados Unidos, Uribe propuso modificar la legislación andina y adaptar el artículo 266 de la Decisión 486 a los postulados del libre comercio de Washington.

El artículo 266 original indica textualmente: “Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo”. Es decir, el artículo faculta a los países a obviar las protecciones de la propiedad intelectual en caso de necesidad pública.

El 31 de enero de este año, el gobierno colombiano propuso al Consejo de la CAN modificar el último párrafo del artículo 266 agregando la siguiente potestad: “Estas medidas podrán incluir el establecimiento de plazos durante los cuales los Países Miembros no autorizarán a un tercero (…) comercializar un producto con base en dicha información”.


De esta forma, el gobierno colombiano intenta adaptar la legislación de la CAN a las   exigencias del TLC para liberarse del fallo del TAJ, en beneficio de un puñado de multinacionales farmacéuticas y en perjuicio de los pueblos de la región andina.


Uribe se desdice
En noviembre de 2004 el gobierno de Uribe definió que la regulación vigente en Colombia (Acuerdo ADPIC de la OMC y Decisión 486 de la CAN) protegían adecuadamente los derechos de propiedad intelectual y, por ende, prometió no firmar un tratado tipo CAFTA, el cual contiene estándares de protección superiores y “altamente inconvenientes para Colombia”.

Sin embargo, 15 meses después el mismo Uribe acepta negociar el cierre del TLC con Estados Unidos tomando como base los textos del TLC Perú que constituye un “CAFTA plus”, es decir un tratado aún más inconveniente que el CAFTA.

Un estudio divulgado por la OMS-OPS en noviembre pasado concluye que si Colombia llegara a ceder a las pretensiones de los Estados Unidos en materia de alargamiento de las patentes, protección de datos y linkage (pretensiones que acogen   los textos del TLC Perú que servirán de base para el cierre de la mesa de propiedad intelectual), se generaría un aumento del gasto en salud muy grande, alrededor de 940 millones de dólares anuales, que tendrían que salir de los presupuestos insuficientes de las instituciones integrantes del Sistema de Salud o del bolsillo de los 14 millones de colombianos pobres que no forman parte del Sistema.

La OPS estima que perderían el acceso a los antirretrovirales 4.400 enfermos de sida cada año, los cuales estarían condenados a morir en un lapso promedio de cinco años. Estudios de la Universidad Nacional de Bogotá [1] y del Ministerio de Salud del Perú sobre dicho país [2] coinciden con las conclusiones de la OPS.

El chantaje
Fuentes extraoficiales, pero muy confiables, confirmaron que Uribe llamó por teléfono al Presidente boliviano Evo Morales para pedir su colaboración en la tarea de acomodar la legislación andina a las exigencias norteamericanas y de esta forma allanar la firma del TLC.

Si Bolivia acepta la propuesta, Uribe se comprometió a defender el mercado colombiano para las exportaciones bolivianas de oleaginosas, que cada año ascienden a casi 80 millones de dólares.

El Presidente Morales pidió a su colega norteamericano George W. Bush ampliar el tiempo de vigencia de las preferencias arancelarias para los productos no tradicionales bolivianos, especialmente los textiles, y solicitó a Colombia disminuir la cuota ofrecida a Estados Unidos en la negociación del TLC para la importación de torta de soya de 55 mil a menos de 20 mil toneladas métricas.

[1] Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, “Impactos del Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos en el Sector Salud del Distrito Capital”, Bogotá, mayo de 2005.

[2] Ministerio de Salud del Perú, “Evaluación de los Potenciales Efectos sobre Acceso a Medicamentos del Tratado de Libre Comercio que se negocia con los Estados Unidos de América”, Lima, Perú, abril de 2005.