Palma aceitera y peligro conviven en el noroccidente
COLOMBIA: Palma aceitera y peligro conviven en el noroccidente
Por Constanza Vieira
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89686
BOGOTÁ, 5 sep (IPS) - Desde el jueves hay un defensor de derechos
humanos menos en el Bajo Río Atrato, noroccidente de Colombia. Jimmy
Jansasoy, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tuvo que
abandonar la región, donde los cultivos de palma africana avanzaron
sobre territorios selváticos de comunidades mestizas y negras.
El viernes 29 de agosto, Jansasoy dictó un taller sobre zonas de
biodiversidad en un caserío en la cuenca del río Curbaradó, afluente del
Atrato.
En esa región, la Comisión de Justicia y Paz, y organizaciones
internacionales de derechos humanos como la canadiense Proyecto
Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC) y Peace Brigades
International (PBI), respaldan a comunidades que han sido objeto de
crímenes de lesa humanidad.
Todos han recibido una seguidilla de amenazas de muerte desde el 24 de
agosto, que ya hicieron salir de la zona a otros dos miembros de la
Comisión de Justicia y Paz.
El miércoles 3 a las tres de la tarde, en el municipio de Chigorodó,
noroccidental departamento de Antioquia, cuatro civiles armados
encañonaron a Jansasoy y lo obligaron a abordar una camioneta de doble
cabina y vidrios polarizados, secuestrándolo durante poco más de una hora.
Revisaron el contenido de su morral: "Sólo tiene una Biblia, un cuaderno
y sus cosas personales", reportó un hombre de gafas oscuras por celular,
medio por el que recibían las órdenes.
Querían que Jansasoy les diera "los nombres exactos" de todos los que
acompañan a las comunidades, "y las direcciones de dónde viven y de sus
familias".
Jansasoy dijo que no tenía esos datos. "Le damos hasta el domingo", le
advirtieron.
Al liberarlo, lo conminaron a ir a la Zona Humanitaria de Andalucía Caño
Claro, no contar sobre su detención y anotar nombres y ubicación de las
familias de los defensores de derechos humanos que trabajan con esa
comunidad.
"Debido a este acto de detención ilegal, intimidación, presión
psicológica y amenaza", dice un comunicado de la Comisión de Justicia y
Paz, Jansasoy "se vio obligado a abandonar la región".
No hay garantías "para la defensa y promoción de los derechos humanos en
el Bajo Atrato, en el Curbaradó", sentencia la entidad.
Las Zonas Humanitarias fueron creadas por campesinos como respuesta a la
acción violenta de las milicias paramilitares de ultraderecha, que
alcanzaron su apogeo en los años 90.
Surgieron en el norte de Antioquia y en el vecino departamento del Chocó
a raíz de las matanzas y el desplazamiento forzado que acompañaron la
operación militar Génesis, desplegada en esos departamentos en 1997 por
el general (hoy en retiro) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la
Brigada 17 del ejército, y detenido el jueves por la Fiscalía General de
la Nación.
Del Río es acusado de trabajar con los paramilitares, incluso en la
operación Génesis, llevada a cabo contra la guerrilla izquierdista de
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) durante el
periodo en que el presidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia
(1995-1997).
Las Zonas Humanitarias son comunidades en resistencia contra la guerra,
que reivindican el principio de distinción entre civiles y combatientes,
base del Derecho Internacional Humanitario.
Desplazados y retornados, o asentados en un nuevo lugar, sus miembros
disponen que en su territorio no pueda ingresar ningún actor armado,
pero no son neutrales, pues se consideran víctimas de una violencia que
ejercen directamente la fuerza pública y sus aliados paramilitares.
Los campesinos de las Zonas Humanitarias pueden ser casi analfabetas,
pero relacionan el horror que han padecido con la tendencia económica de
imponer un modelo único de desarrollo, basado en agroindustrias y
monocultivos privados como las plantaciones de palma, de cuyo aceite se
destila biodiésel.
Por eso, las Zonas Humanitarias se caracterizan por modelos propios de
producción campesina y tradicional. En la cuenca del Curbaradó, con
apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, las comunidades están creando
desde 2006 "zonas de reserva natural y de biodiversidad", donde el
cultivo de subsistencia se lleva bien con la selva del Chocó, una de las
de mayor biodiversidad del mundo.
El mismo día en que fue intimidado Jansasoy, cuatro expertos procedentes
de Ecuador, Chile, Uruguay y México dictaron en Bogotá conferencias en
la estatal Universidad Nacional de Colombia, en un foro sobre
biodiversidad, soberanía y seguridad alimentaria.
Entre todos trazaron el mapa de la modalidad que se impone en los
últimos años en el mundo: cada país se especializa en un producto.
"Ecuador en banano, Colombia en flores, Argentina en soja", puso como
ejemplo Elizabeth Bravo, de la no gubernamental Acción Ecológica de
Ecuador.
Países otrora exportadores de alimentos se convierten en importadores
netos. Ganan las transnacionales que fabrican fertilizantes,
indispensables en los monocultivos.
Los combustibles fósiles dejaron de ser inagotables en un sistema
económico adicto a la energía. Se busca reemplazarlos por
agrocombustibles obtenidos, en parte, de alimentos como el maíz. La
tierra, y qué se siembra en ella, se tornan asuntos estratégicos.
Los fertilizantes aumentan de precio, los alimentos también. Bravo
abundó en cifras: en el último año, el arroz ha subido 90 por ciento, el
trigo 130 por ciento, el maíz 53 por ciento.
Según un informe confidencial e interno del Banco Mundial, divulgado en
julio por el diario británico The Guardian, la promoción de los
agrocombustibles elevó en hasta 75 por ciento los precios de los
alimentos, recordó la uruguaya Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre
Erosión, Tecnología y Concentración, con sede en Estados Unidos y México.
Los cultivos de explotación, la agroindustria, el monocultivo y las
tecnologías riesgosas ambientalmente y para la salud, no producen más
alimentos, demuestran las estadísticas desde 1950. La solución no es
seguir bajo los mismos esquemas, dijo Ribeiro, "la producción de
alimentos debe estar en manos de la propia gente, de los campesinos del
mundo".
La Zona Humanitaria Caño Claro, en la cuenca del Curbaradó, 45
kilómetros al suroccidente de Chigorodó, está rodeada de cultivos de
palma aceitera custodiados por numerosos puestos de control de la
policía y el ejército.
Tras una desmovilización pactada que se logró parcialmente, el gobierno
considera que los paramilitares de ultraderecha ya no existen. Pero
pululan en la región, bajo el nombre de "Águilas Negras".
Detrás de sus amenazas y operativos "se ocultan los beneficiarios
empresariales del paramilitarismo", denuncia la Comisión de Justicia y Paz.
Pero específicamente en esta parte de Colombia, resulta que los propios
paramilitares son "empresarios y lavadores de activos del tráfico de
droga, que ocultan sus actuaciones criminales bajo el rostro del
progreso con los agronegocios de la palma aceitera, la ganadería
extensiva y la deforestación intensiva", agrega un comunicado de la
entidad.
Los paramilitares entraron en los años 90 a las cuencas de los ríos
Jiguamiandó, Curbaradó y Domingodó y desalojaron a las comunidades, con
el argumento de erradicar a la guerrilla izquierdista, que a su vez
estaba allí desde la década anterior.
Pero "hay indicios de que esos desalojos se dieron no tanto para
expulsar a la guerrilla, sino para apropiarse de tierras que le
pertenecen a la comunidad", advirtió en diciembre el fiscal general
Mario Iguarán en una entrevista al diario bogotano El Tiempo.
La fiscalía recogió más de 100 testimonios, practicó inspecciones
judiciales en las empresas de cultivo de palma, en plantas aceiteras,
bancos y oficinas de registro de propiedades, y decidió llamar a
indagatoria a 26 empresarios de palma y a ganaderos, por los delitos de
desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras.
Aún la fiscalía no toma decisiones. Por eso, para la Comisión de
Justicia y Paz las investigaciones en el proceso penal que se sigue no
han sido eficaces, prontas ni oportunas.
Tampoco se sabe de medidas gubernamentales concretas para "propiciar la
restitución de la propiedad de la tierra colectiva ocupada de mala fe
por empresarios beneficiarios del paramilitarismo", señala la Comisión
de Justicia y Paz.
La propuesta efectuada el jueves por la Comisión al gobierno, de
"desarrollar una estrategia integral preventiva" que involucre a las
autoridades ambientales "a fin de evitar la ampliación de la siembra de
palma, la extensión ganadera y la deforestación intensiva", queda
esperando una respuesta. (FIN/2008)
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