noticias

En 2008 la prioridad será la soberanía alimentaria, no la agroexportación

Durante décadas, los agroexportadores nacionales asociados con
transnacionales se beneficiaron con varios programas de apoyo estatales
destinados a elevar las exportaciones, mientras que el abastecimiento
del mercado quedó en segundo plano. En 2008, esa política dará un giro
de 180 grados y la producción de alimentos para cubrir las necesidades
nacionales se convertirá en una política de Estado.

"A nosotros no nos interesa seguir incentivando la producción para la
exportación y para los bolsillos de algunos empresarios, sino apoyar al
pueblo boliviano a través de la producción de alimentos y a un precio
justo", anunció la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario Susana
Rivero.

La nueva política alimentaria se apoya en el Decreto Supremo 29339 que
da paso a un programa de seguridad y soberanía alimentaria con un
presupuesto de 58 millones de dólares a través de la Empresa de Apoyo a
la Producción de Alimentos (EMAPA), responsable de la producción de
trigo, arroz, maíz y soya.

El programa incluye la provisión de semilla de papa con una inversión de
un millón de dólares, transferencias no reembolsables para la producción
de maíz, papa, tomate y cebolla con una inversión de 4 millones de
dólares. Otro eje tiene que ver con la importación de alimentos. Se
adquirieron 1.200 toneladas de arroz argentino. Rivero calcula que
dentro de 4 a 5 años el país será autosuficiente en trigo.

El gobierno decidió prestar más atención a la producción de alimentos
luego de que los empresarios del oriente declararan una especie de
"guerra económica" contra el gobierno ocultando los productos que
monopolizan, como el aceite, la carne de res y otros.

La nueva política alimentaria se expresa también en varios articulados
de la nueva Constitución Política del Estado, que por primera vez
declara que el acceso a alimentos es un derecho humano.

En el Artículo 406 de la nueva CPE, se distiguen como objetivos de la
política de desarrollo rural integral del Estado "garantizar la
soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el
consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio
boliviano". En el mismo artículo se establece que el Estado debe contar
con mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana,
promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos,
sistemas de riego con el fin de garantizar la producción agropecuaria,
asistencia técnica y mecanismos de innovación y transferencia
tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.

A la vez, la nueva CPE insta a crear un banco de semillas y centros de
investigación genética, establecer políticas de fomento y apoyo a
sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural,
controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos
y proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y
servicios básicos para el sector agropecuario.

El Artículo 318 dice que el Estado determinará una política productiva
industrial y comercial que garantice una oferta de bienes y servicios
suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas
internas, y para fortalecer la capacidad exportadora.

El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de
estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas
productoras, urbanas y rurales. El Estado priorizará la promoción del
desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de
desarrollo del país.

Según la nueva CPE, el Estado reconocerá, respetará, protegerá y
promoverá la organización económica comunitaria, que comprende los
sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los
principios y la visión propios de los pueblos y naciones indígena
originario y campesinos. Se entiende que el área comunitaria de la
economía es una alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad.

El Estado priorizará el apoyo a la organización de estructuras
asociativas de pequeños productores, urbanos y rurales, y promocionará
el desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de
desarrollo del país.

El Estado protegerá y fomentará a las organizaciones económicas
campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores
urbanos. La política económica facilitará el acceso a la capacitación
técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y
al mejoramiento de procesos productivos. A través de su política
financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los
sectores de la micro y pequeña empresa, de la artesanía, del comercio,
de los servicios, de las organizaciones comunitarias y de las
cooperativas de producción.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008010206