Juez prohibió fumigación de sojales y Calixto Saguier incumple disposición
judicial
Juan Martens <yryvucua@hotmail.com>
El juez de la Niñez y la Adolescencia de San Estanisalo, Elber Noguera Otto,
que entiende en el amparo constitucional presentado contra Saguier por
miembros de la comunidad Paraguay Pyahu, distrito de Guajayvi, departamento
de San Pedro, a unos 270 kms la norte de Asunción, dispuso como medida
cautelar la SUSPENSIÓN DE LA FUMIGACION CON AGROTÓXICOS, en las adyacencias
a la comunidad, hasta tanto se resuelva el amparo constitucional. Abogados
del equipo jurídico de la COHEHUPY y el Area Acceso a la Justicia de
INECIP-Paraguay (Roque Orrego e Ireneo Tellez), hemos firmado el amparo.
Calixto Saquier, que en la página web de la ambientalista wwf-Paraguay
aparece como consultor del proyecto derechos y obligaciones canjeables,
tiene cultivos ilegales de soja frente a la comunidad Paraguay Pyahu. Sus
plantaciones incumplen las reglamentaciones establecidas en la repúblcia del
Paraguay para el efecto. En adjunto encontrarán el texto completo del amparo
presentado, con los hechos y los argumentos jurídicos.
A pesar de esta prohibición, Calixto Saguier sigue lanzando veneno en contra
de la comunidad. En más de una ocasión fue advertido por los vecinos y
vecinas de la disposición judicial, sin embargo no la respeta. Incluso el
encargado de la comisaría jurisdicconal, Sub oficial de apellido Collante,
fue a notificar a Saguier de la disposición judicial. Fue la única vez que
dejó de fumigar. Pero sólo fue ese día.
Los cultivos de saguier están ubicados a distancias no superiores, en
algunos casos de dos metros de la calle; y, a unos 10 a 50 metros de las
viviendas. No tiene barrera viva, ni franja de seguridad, que exigen las
reglamentaciones para la aplicación de agrotóxicos. Testimonios que recogí
hablan que no respeta la velocidad del viento, ni las altas temperaturas, en
el momento de la aplicación de los agrotóxicos.
A pesar de las notificaciones realizadas y estar en conocimiento del amparo,
hasta el momento Calixto Saguier no se presentó ante el Juzgado para ejercer
su derecho a la defensa. La nueva audiencia está fijada para el lunes 10, a
las 11:30 en el Juzgado del juez Noguera, en San Estanislao. En caso, que en
esta ocasión no se presente debe ser declarado rebelde y debe proseguir la
substanciación del amparo.
En varias comunidades de San Pedro, donde el cultivo de la soja es reciente,
se detectó problemas de salud y daños a la vida y/o la propiedad de familias
campesinas, desde el uso indiscriminado y sin control de agrotóxicos.
Paralelamente a la presentación de estos amparos se está solicitando la
intervención de la Dirección de Agrotóxicos de la SEAM, que es el órgano de
aplicación y cumplimiento de las reglamentaciones establecidas para la
apligación de venenos.
El que lanza veneno comete delito
Tampoco hay que olvidar que comete delito el que lanza veneno, sin que en el
momento del lanzamiento se pueda excluir la posiblidad de un daño a
terceros, según el artículo 203, inciso 4 del Código Penal; y, que en caso
de flagrancia (en el mismo momenot del lanzamiento), cualquier ciudadano/a
puede aprehender (agarrar) al que está lanzando el veneno para evitar que el
hecho punible produzca consecuencias, esto es según el artículo 239, última
parte del Código Procesal Penal.
Otro sojero acepto irregularidad y firmó acuerdo con pobladores.
En el otro amparo presentado contra Ramon Antonio Ortellado, también en el
distrito de Guajayvi, el mismo acepto que su cultivo no cumplía las leyes
reglamentarias y firmó un acuerdo con la comunidad. Se comprometió suspender
la fumigación en las adyacencias de la misma (hasta ahora cumple) y a
cumplir para las próximas safras con las reglamentaciones establecidas.
En la página web de abc y la nación de hoy pueden ver lo que salió con
relación al amparo que hemos presentado.
Copio a continuación algunos:
LA NACIÓN
Buscan frenar abuso de agrotóxicos
“Hay cultivos ilegales en 10 departamentos del país porque se realizan
contra las normas ambientales vigentes”, expuso Juan Martens, abogado de la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), para señalar que
se presentaron recursos de amparo contra productores en Guayaibí, San Pedro,
y acciones procesales directas en Concepción, para detener las fumigaciones.
Martens recordó, que el hecho de fumigar sin las protecciones establecidas
en la ley, constituye el delito de producción de riesgos comunes, normado en
el artículo 203, inciso 4 del Código Penal, que tiene hasta 5 años de
cárcel.
El abogado explicó que las constantes denuncias de las poblaciones
campesinas e indígenas, la experiencia de juicio por la muerte de Silvino
Talavera, y la inacción estatal, hizo que se conforme un equipo jurídico
entre la Codehupy y la ONG Inecip para iniciar acciones de defensa. “A
mediados de noviembre presentamos un amparo contra el productor Calixto
Saguier, que tiene antecedentes de conflictos con las comunidades vecinas en
Guayaibí”, comentó Martens. “Ya le hicimos tres notificaciones y las evade,
por lo que, de no hacer caso a la prohibición de fumigación que dictó el
juez Elber Noguera de San Estanislao, lo tendremos que notificar por
edicto”, apuntó.
Lo curioso del caso es que Saguier sería representante de WWF, una ONG
ambientalista de fama mundial y no se aviene a respetar las leyes de
protección en el país. “También presentamos un amparo contra Ramón Antonio
Ortellado que aceptó que sus cultivos eran ilegales, firmó un acuerdo con la
comunidad, dejó la barrera de protección y se adecuó a la legislación”,
contó. Otra de las herramientas de acción que promueve el equipo jurídico,
es la acusación a quienes hacen la fumigación ilegal por el delito de
Producción de riesgos comunes previsto en el artículo 203 inciso 4 del
Código Penal que tiene penas de hasta 5 años de cárcel. “Está en el rango de
los delitos de riesgo”, dijo Martens. También recordó que con ayuda de las
fiscalías se puede recurrir al artículo 239 del Código Procesal penal que
habilita a aprehender a la persona que está cometiendo un delito y
secuestrar los equipos que utiliza. “Es lo que se pudo hacer en Concepción
con un operario del productor brasileño José Navorth, que luego de realizado
el procedimiento vino armado a rescatar su tractor, porque muchos de estos
productores están acostumbrados a la prepotencia y la ilegalidad”, comentó.
Llamado de atención
Un comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio
un llamado de atención al Gobierno paraguayo por el incumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el país
suscribió en 1992. En sus conclusiones, los miembros del Comité criticaron
“la lentitud en la realización de la reforma agraria”, y expresaron
“preocupación ante la situación de los campesinos y de la población indígena
que no tienen acceso a sus tierras tradicionales y ancestrales”. También
observaron “con preocupación que la expansión del cultivo de soja ha traído
aparejado el uso indiscriminado de agrotóxicos, provocando muertes y
enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de
ecosistemas y afectación a los recursos tradicionales alimenticios de las
comunidades”.
Cura planta soja en Iglesia.
CIUDAD DEL ESTE. Alto Paraná.-Concejales departamentales trasladarán, ante
la fiscalía del Medio Ambiente, la denuncia recibida de parte de los
pobladores de la colonia Limoy, distrito de Minga Porá, sobre el sacerdote
Domingo Azare, quien, supuestamente, se dedica a la plantación ilegal de
soja. Según las acusaciones, el cura plantó soja hasta en el predio de la
parroquia. Esto trascendió en el seno de la Junta Departamental, donde los
vecinos de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa presentaron
su queja formal. Para los ediles, la situación es muy grave, porque la
plantación llega hasta la parroquia, como también a la plaza de la
comunidad, y los plaguicidas con que supuestamente rocía el cultivo,
perjudica la salud de la población, provocando el descontento generalizado.
La preocupación de los concejales no se limita solo al caso del sacerdote,
sino también a otros colonos brasileños que tienen grandes extensiones de
plantaciones de soja, donde también son utilizados los agrotóxicos que,
según dicen, incluso ya causaron algunas muertes en el departamento.
La denuncia será trasladada hasta la unidad del fiscal de medio ambiente,
Gustavo Sosa, a quien se pedirá que intervenga en la situación. Según el
concejal Germán Cantero, en la zona norte del departamento existe mortandad
de animales domésticos a consecuencia de los efectos de los agroquímicos.
Muchos pobladores, principalmente los niños, ya se ven afectados por la
contaminación ambiental. Pero no todos aparentemente están en contra del
padre Domingo Azare. Hay familias que lo apoyan, alegando que él hace esa
actividad para el sustento económico de la parroquia y para ayudar a los más
necesitados. Sin embargo, la denuncia habla que él utilizó ese fin, “para
ganar plata a costilla de la salud de la gente”.
ABC
CODEHUPY EXIGE URGENTE RECHAZO AL USO DE “AGROTOXICOS” Y PAGO A INTOXICADOS
Presentan 27 amparos antifumigación
La organización Codehupy planteó 27 amparos constitucionales contra
productores de soja para que estos ya no fumiguen sus cultivos, destacando
que son “los casos emblemáticos”, ya que el problema “es generalizado”.
Norma Valiente, Juan Martens, Roque Orrego y Ireneo Téllez, durante la rueda
de prensa, ayer en el local de Codehupy.
La ONG denominada Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) denunció
ayer 27 casos de productores de soja, que “utilizan irresponsable e
indiscriminadamente agrotóxicos en perjuicio de comunidades indígenas y
campesinas vecinas a los mismos”, según expresó ayer el abogado Juan
Martens, en una rueda de prensa.
El abogado de Codehupy declaró que los 27 casos, a los que denominan
cultivos ilegales de soja, y contra los cuales presentaron amparos
constitucionales, son solo una muestra de la realidad de todos los
departamentos del país.
“Los cultivos ilegales de soja son aquellos en los que se realizan
fumigaciones sin que se respeten las barreras de seguridad, las condiciones
de comunicación, viento y temperatura, entre otras normas del MAG y la
Seam”, acotó.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Roque Orrego, explicó que los casos
denunciados no se tratan solamente de incumplimientos de normas inferiores,
sino de actos de violación de la misma Constitución nacional.
“La Carta Magna nos da los derechos a la vida, a la protección, al ambiente
sano, a la salud, a la alimentación, y esos son los derechos que están
siendo violados por los sojeros hacia sus vecinos”, señaló Orrego, miembro
de Codehupy.
ALGUNOS DE LOS CASOS
Entre los productores de soja demandados por Codehupy, por supuesto
incumplimiento de normativas agrícolas, figura la propiedad del Ing. Agr.
Calixto Saguier, en el distrito de Guayaibí, departamento de San Pedro, caso
en el que figura una medida cautelar de no fumigación, según indicó Juan
Martens.
“Lo que ocurre con el señor Saguier es una gran incoherencia, siendo él de
una organización ambientalista, esté cultivando en condiciones ilegales, lo
que nos consta”, aseguró Martens.
CULPAN AL GOBIERNO
Al hacer nuevamente uso de la palabra, Roque Orrego dijo que el responsable
principal de la situación es el Gobierno, que está obligado a hacer cumplir
las normativas.
Según Codehupy, “Paraguay gasta US$ 114 millones para envenenar el
territorio con 12 millones de litros de agrotóxicos cada año”.
“LEGITIMA DEFENSA”
En otro momento de la conferencia de prensa, Juan Martens avisó: “Los
campesinos están cansados de reclamar al Gobierno sin ser escuchados, por lo
cual solo les queda la legítima defensa de capturar ellos mismos los
tractores pulverizadores de los sojeros. La consigna de Codehupy incluye
rechazo al uso de plaguicidas y resarcimiento económico a las víctimas de
intoxicaciones.
|