Competitividad de la soya ¿ilusión o realidad?

Las noticias recientes de que Venezuela ha decidido otorgar preferencias arancelarias a Estados Unidos al igual que las otorgadas a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la venta de soya, ha caído como un balde de agua fría a nuestros agroindustriales soyeros, y no es para menos, puesto que Bolivia comercializa el 75 por ciento de la producción soyera hacia Venezuela, siendo el principal comprador de tortas, grano y aceites de soya boliviana.

La soya aporta el seis por ciento del PIB boliviano, ocupa el segundo lugar en las exportaciones, después de los hidrocarburos, representando casi una cuarta parte de las exportaciones, el año pasado ha generado 387 millones de dólares y cada año genera 45.000 empleos directos, sin contar el sector de transporte y comercio. Las 973 mil hectáreas cultivadas en la última campaña representan más de un tercio de la superficie cultivable, en su gran mayoría (77 por ciento) son pequeños productores, quienes cultivan entre una y 50 hectáreas, un 21 por ciento son medianos ˆentre 51 y 1.000 Hasˆ y un dos por ciento son grandes productores con superficies mayores a 1.000 Has.

Nuestro país es el principal proveedor de soya y derivados dentro de la Comunidad Andina, donde llegamos a exportar el 82 por ciento del complejo oleaginoso. Esto se debe a las preferencias arancelarias de la CAN que han mantenido la competitividad de los precios de la soya boliviana respecto a los grandes productores como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Esta situación ha permitido la expansión de nuestras exportaciones e incluso el incremento de las importaciones de grano de soya para industrializarlo y re­exportarlo a este mercado preferencial.

Si comparamos nuestros costos de producción con los de los principales países productores ˆEstados Unidos, Argentina o Brasilˆ Bolivia tiene los mayores costos de producción, pero no necesariamente por los costos directos, sino por los elevados costos y las condiciones del transporte vecinal, regional y fluvial que encarecen el costo final de la soya y sus derivados. Por ello la apertura de los países de la CAN otorgando un trato en igualdad de condiciones a terceros países, en este caso Estados Unidos, significa una disminución de la demanda de soya boliviana, y la pérdida de nuestros ingresos por exportación. No obstante y a pesar de la impugnación a Venezuela ante la CAN, éste no es un sueño lejano sino una realidad latente, las negociaciones del TLC Andino y los acercamientos de integración CAN­Mercosur previenen que en los próximos años nuestras frágiles ventajas comparativas van a desaparecer.

Si Hugo Chávez busca un acercamiento económico con Estados Unidos, es un tema en el que tenemos poco poder de intervención, lo que debe alarmarnos es la fragilidad que significa para nuestro principal producto agro­exportador.

Ante esta situación, los exportadores bolivianos están buscando alternativas para incrementar la productividad del grano de soya, una de ellas ha sido la de probar en la última campaña con la siembra de semillas transgénicas R­R, para poder abaratar los costos de producción. En un estudio reciente, Fobomade señala que la producción con semilla R­R realizada en Argentina no incrementa la productividad ni ha logrado disminuir sustancialmente los costos excepto para grandes superficies, en nuestro caso aún si esta semilla lograra mejoras en la productividad nuestros costos seguirán siendo mayores que los de nuestros vecinos y no lograremos resolver nuestros problemas más estructurales.

Por el momento la intervención de la CAN ante Venezuela puede significar la resolución del conflicto soyero en el corto plazo, sin embargo, la ilusión de competitividad del grano de soya boliviano tiende a disiparse en los siguientes años, por ello se debe tener una política exterior que genere alternativas de comercio de largo alcance, primero ante el eminente temor de los países de la CAN de que estemos aprovechando nuestra posición de nexo entre Mercosur y la CAN para re­exportar productos agrícolas hacia la Comunidad Andina, para ello debemos ir con una postura clara y estratégica de vínculo comercial, energético y caminero; por el otro lado, nos queda la tarea de disminuir los costos de transporte, mejorando los tramos camineros y negociando con nuestros vecinos sobre los fletes fluviales y el proyecto Puerto Bush que todavía nos queda pendiente como corredor exportador. Por último, la política agropecuaria no debe enfocarse sólo en la búsqueda de mercados para la soya, sino en mejorar la competitividad de nuestra producción para el mercado, dejando atrás nuestro complejo monoproductor./Bishelly Elías Argandoña ­ CIPCA